Compromís ha presentado una moción al Pleno del Ayuntamiento de Santa Pola para exigir al gobierno del Estado que investigue las causas reales de la subida de los precios de la luz y elimine "los beneficios caídos del cielo" de las eléctricas. El pasado 1 de junio entró en vigor la nueva estructuración de las tarifas eléctricas, con discriminación horaria para todas las personas consumidoras, estableciendo un precio diferente según el tramo horario del día (punta, llano y valle). Esta nueva factura de la luz ha venido acompañada de un incremento sustancial de los precios de la electricidad, que ha sobrepasado sobradamente la tímida bajada de los precios de los términos de potencia. Compromís per Santa Pola critica que la manera en la que se está aplicando esta nueva estructura tarifaria penaliza de manera desproporcionada a las pequeñas empresas, personas trabajadoras autónomas y personas que teletrabajan, todas incluidas en la categoría de "pequeños consumidores". Estas actividades y personas se están viendo seriamente perjudicadas porque su uso de la electricidad se concentra en los horarios donde la energía se cobra más cara. La formación también denuncia que "se mantiene intacta la opacidad, el descontrol y la arbitrariedad que caracterizan el mercado eléctrico español", al seguir con el sistema marginalista para la fijación de los precios de la electricidad pagando siempre la energía al precio de las centrales de producción eléctrica más caras, lo que se conoce como "beneficios caídos del cielo". Compromís pedirá al Pleno del Ayuntamiento de Santa Pola que exija al gobierno del Estado la aprobación de una batería de medidas encaminadas a reducir el precio de la factura de la luz, a amortiguar el impacto de la nueva tarificación a las personas que no pueden trasladar su consumo de energía, como el pequeño comercio o las personas que teletrabajan, y a eliminar los tramos fijos para que las personas usuarias paguen en función de lo que consumen. Anna Antón, portavoz de Compromís per Santa Pola: "El gobierno del Estado no puede continuar aprobando parches que no solucionan el problema mientras que pone los intereses del oligopolio eléctrico por delante del derecho al acceso a la electricidad por parte de la ciudadanía".